Al frío áspero de febrero suele combatírsele en Alemania con la celebración de los carnavales. Muchas ciudades se inundan de desfiles, disfraces, música a todo volumen, cerveza, Bratwurst, bailes y por supuesto, más cerveza. Combinación suficiente, dependiendo del grado de alcohol, para hacerle olvidar a uno que en las noticias pronostican vientos huracanados y que el termómetro marca los dos grados centígrados. Sin embargo, este año en Alemania la temperatura subió abruptamente a mediados de febrero no por los festejos, sino como consecuencia del escándalo fiscal más grande de la historia de este país, al descubrirse que aproximadamente cuatrocientos mil millones de euros fueron a parar a Liechtenstein en lugar de incrementar las arcas fiscales teutonas.
El ex administrador de la Deutsche Post, Herr Zumwinkel, nunca olvidará la mañana del 14 de febrero en la que, minutos después de las once, efectivos de la policía alemana entraron a su casa para detenerlo por evasión tributaria en medio de una operación que fue transmitida por televisión y seguida ante la mirada atónita de millones de personas. A pesar de las escenas espectaculares transmitidas por televisión, su caso no es más que la punta del iceberg contra el que se ha chocado un país que confiaba a ciegas en la integridad de su modelo de economía social de mercado. Según información del Bundesnachrichtendienst (Agencia Federal de Inteligencia Alemana), los implicados son cientos de alemanes dentro de los que se encuentran personalidades muy famosas del mundo de las finanzas, los negocios y hasta del deporte.
El semanario Der Spiegel, detalló en su edición del 18 de febrero los pasos que se deben seguir para abrir una Fundación en Liechtenstein con fines ilícitos. Basta con que el fundador se contacte con uno de los 300 fiduciarios que existen en ese país, abone un pago por los derechos de constitución de la fundación y reciba un título de fundación, para que enseguida pueda depositar su dinero. A cambio de confiar en el sistema de Liechtenstein, su nombre no aparecerá en ninguna lista de datos. El fiduciario abrirá después, en nombre de la fundación, una cuenta en cualquier lugar del mundo donde sólo su nombre será el que aparecerá en los registros públicos accesibles y sólo él conocerá el verdadero nombre del fundador.
En el año 1997 se desató un escándalo relacionado también con la transferencia de capitales extranjeros hacia Liechtenstein. En aquella oportunidad los medios de comunicación pusieron al descubierto el verdadero rol que jugaban la mayoría de Fundaciones constituidas en ese paraíso fiscal. Se hizo público que dinero proveniente de cárteles de droga sudamericana era depositado en “cuentas sin nombre” en el LGT-Bank, de propiedad de la familia del Principado. En seguida, la presión internacional fue tan fuerte que el Principado prohibió las cuentas anónimas y dio cabida a estrechas relaciones con diferentes países mediante las cuales se permitieron investigaciones sobre presuntos fraudes y conductas delictivas: menos sobre fraude fiscal.
El actual escándalo, a diferencia del mencionado arriba, reviste de particular trascendencia debido a que no sólo se han encontrado datos de evasores fiscales, sino además instrucciones del propio Principado para encubrir el flujo de capitales. Es por ello que mientras existan bancos como el LGT-Bank no cabe dudas de que el Ministerio Público de Liechtenstein se rehusará a abrir investigaciones serias y optará por hacerse de la vista gorda. Ante este escenario, el verdadero problema de carácter internacional que subyace al escándalo es la responsabilidad de un gobierno por encubrir o alentar el fraude fiscal.
Por otro lado, la dimensión interna de este escándalo deja al descubierto dos problemas que han capturado la atención pública durante el mes de marzo, a saber: (i) si es correcto o no que la Agencia Federal de Inteligencia se dedique a perseguir a evasores fiscales “en lugar” de perseguir terroristas; y, (ii) la viabilidad del sistema económico y democrático alemán. Respecto al primero, una Comisión del Parlamento Alemán investiga por el momento, la participación exacta que tuvo la Agencia Federal de Inteligencia en esta operación. Esto no le resulta extraño a la mayoría de alemanes, quienes apoyan esta acción, ya que dicha Agencia pagó nada menos que cinco millones de euros al informante y ex trabajador del Banco LGT-Bank a cambio de un DVD con la lista de los evasores.
Lo que llama la atención en medio de esta crisis es que, habiendo tenido lugar en medio de elecciones, el escándalo no ha sido utilizado por ningún partido político como argumento para criticar la política anti-terrorista del gobierno. Esto tiene que ver con que el tema está empezando a ser digerido y terminado de creer por todos, pero sobre todo también con la ausencia de atentados terroristas concretos y el hecho de que el actual debate sobre los procedimientos más idóneos para los acusados de terrorismo se lleva, como la mayoría de estos temas, a un nivel muy alto donde juristas y jueces debaten con políticos y líderes de opinión. Esto último en especial, había captado la atención pública durante las últimas semanas de enero, de tal forma que una crítica oportunista resultaría en estos días una espada de doble filo.
La verdadera herida causada por el escándalo se encuentra en el corazón de la sociedad alemana. Lo que en el fondo se ha quebrado es la confianza que existía entre los alemanes al creer que todos pagaban sus impuestos de acuerdo a sus ingresos y que gracias a ello los recursos del estado se distribuían de tal suerte que el bienestar social era algo que alcanzaba a todos por igual. Por el momento, el gobierno ha anunciado una operación sin precedentes cuyo objetivo es demostrar, mediante la detención de los “sospechosos”, la implacabilidad e intolerancia frente a los que se atreven a desestabilizar los cimientos de la sociedad por medio del fraude fiscal.
The Economist cubría esta noticia la última semana de febrero mediante un artículo en el que explicaba que la palabra Schadenfreude (“la alegría del mal ajeno”, en español) no podía haber sido inventada sino para describir situaciones como la detención de Zumwinkel, dejando entender que los alemanes se alegraban de la suerte del ex administrador del correo alemán. Sin embargo, resulta difícil de creer que verdaderamente el escándalo fiscal haya dejado espacio para alegría alguna entre los alemanes. Yo prefiero quedarme con una líneas del Der Spiegel, donde se aprecia que más que una alegría por el mal ajeno, el caso Zumwinkel ha sembrado dudas y nuevos retos en la sociedad alemana, donde "existen algunas personas que sólo quieren formar parte de ella cuando pueden sacar provecho de esa situación, de lo contrario prefieren mantenerse al margen. Esa actitud cuestiona la misma democracia en tanto que ésta espera, a cambio de las ventajas que otorga, el pago de ciertos precios, como por ejemplo la solidaridad”.
Ante el aviso del gobierno, decenas de personas han llamado a la policía para entregarse voluntariamente antes de ser procesadas por evasión de impuestos. Las protestas de los jóvenes tampoco se hicieron esperar en un país donde la vulneración a una norma fundamental se siente realmente como una ofensa contra toda la sociedad, la cual responde sin titubeos ni demoras. Por el momento, marzo parece haber traído también sus vientos huracanados en respuesta al escándalo fiscal de febrero, vientos de lucha contra esas demostraciones de individualismo que socavan la democracia, para ser precisos. Entre tanto y mientras esperamos el desenlace de esta crisis, queda la pregunta en el tintero de si este país, que alguna vez pudo pararse de su peor caída después de la segunda guerra mundial, podrá hacer lo mismo en esta oportunidad.
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